El 17 de marzo pasado, el ministro Alexandre de Moraes del STF ordenó la suspensión completa de Telegram en todo Brasil por haber incumplido varias decisiones judiciales hasta tanto la aplicación cumpliera con bloquear los perfiles asociados a una persona investigada por formar parte de un ataque al Estado Democrático de Derecho, al Supremo Tribunal Federal, al Tribunal Superior Electoral y al Senado Federal, además de autoridades vinculadas a estos órganos.
La decisión se tomó en el marco de una causa judicial vinculada a la diseminación de discurso de odio, golpismo y noticias falsas por parte de simpatizantes ultraderechistas del presidente Bolsonaro.
A pesar de la decisión judicial, la medida no llegó a cumplirse en forma efectiva. Pocos días después Telegram finalmente bloqueó ciertos canales y cuentas y borró una publicación cuestionada del canal del mandatario brasileño. Pavel Durov, CEO de la empresa de mensajería se disculpó con el Superior Tribunal Federal por su negligencia respecto a las decisiones judiciales.
Hasta ahora Telegram era la única de las grandes redes sociales que se había negado a trabajar junto a las autoridades cuando intentaron entablar un diálogo para adoptar medidas conjuntas contra la desinformación y las noticias falsas, sobre todo con miras a las elecciones que se desarrollarán este año.
Como parte de la adecuación de funcionamiento a lo que pretendía la Justicia, Telegram se comprometió al monitoreo manual de los 100 canales más populares en Brasil; al acompañamiento diario de todos los principales medios de Brasil; la capacidad para marcar como "imprecisas" algunas publicaciones; la restricción de publicaciones públicas para usuarios prohibidos anteriormente por diseminar desinformación, y la promoción de informaciones verificadas.
No es la primera vez que en Brasil se bloquea a una aplicación de mensajería instantánea. Hay casos recientes que tuvieron como protagonista a WhatsApp, que fue bloqueada en 4 oportunidades por desobedecer decisiones judiciales que le ordenaban revelar el contenido de conversaciones que se habían mantenido a través de la aplicación.
Las medidas adoptadas por la aplicación implican un alto grado de intervención directa en los contenidos y en la forma en que la gente usa Telegram y podrían generar riesgos de censura previa y otras cuestiones peligrosas para la libertad de expresión.
No es la primera vez que en Brasil se bloquea a una aplicación de mensajería instantánea. Hay casos recientes que tuvieron como protagonista a WhatsApp, que fue bloqueada en 4 oportunidades por desobedecer decisiones judiciales que le ordenaban revelar el contenido de conversaciones que se habían mantenido a través de la aplicación.
En el caso de Whatsapp la plataforma había dicho que no tenía la posibilidad técnica de superar el cifrado de extremo a extremo de la que se enorgullece como garantía de privacidad. En cambio en el caso de Telegram lo que sucedió fue su negativa a dar información sobre qué personas de carne y hueso estaban detrás de determinados perfiles y de su negativa a bloquearlos.
Las sanciones en estos casos no solo afectan a las empresas involucradas sino a los millones de usuarios que utilizan sus plataformas para comunicarse y no solamente por el bloqueo o suspensión de los servicios que prestan. Aquí hay claramente un problema en la proporcionalidad de las sanciones, donde parecen estar pagando justos por pecadores, pero también hay riesgos concretos a la libertad de expresión, la privacidad y el debido proceso que no deberían ser minimizadas.
Fuente: https://www.diariojudicial.com/nota/91680/noticias-por-tema/la-justicia-vs-telegram.html
