- SE LO PROMETIÓ EL GOBIERNO A GREMIOS.
• LO ATARÁN AL SALARIO MÍNIMO, QUE AUMENTARÁ EN
MAYO CERCA DEL 30%.
El Gobierno planea aumentar el salario mínimo y
reformular el seguro por desempleo para darles un volumen mayor como políticas
sociales de contención. Sobre el piso de ingresos, que será discutido en mayo,
se prevé una suba en torno del 30% en dos etapas, para llevarlo de los actuales
$ 6.060 a un valor de entre 7.600 y 7.800 pesos. Mientras que al subsidio para
cesantes, que desde hace una década permanece congelado en $ 400, el gabinete
económico tiene resuelto elevarlo a por lo menos 3.000 pesos y engancharlo con
el ajuste anual del salario mínimo.
Se trata del detalle de los anuncios que Mauricio
Macri les adelantó ayer a los jefes y principales referentes de las tres
versiones de la CGT, y que no incluyó respuestas a otras demandas como un freno
legal a los despidos y la reforma inmediata del Impuesto a las Ganancias. En
cambio, como adelantó este diario el viernes pasado, el mandatario sí se
comprometió a distribuir en el corto plazo una remesa adicional de $ 2.700
millones a las obras sociales gremiales, entre otras reivindicaciones de menor
impacto público pero estratégicas para el sindicalismo tradicional.
El combo desplegado por Macri en el encuentro con
los gremialistas tuvo como eje un pedido de comprensión y paciencia, bajo la
premisa de que en la segunda mitad del año el Gobierno da por sentada una
desaceleración de la inflación. En el gabinete económico admitieron que quedó
desactualizada la perspectiva de una suba de precios anual en el rango del 20
al 25%, como habían enunciado, sobre todo por el impacto de la suba de tarifas
de servicios públicos. Pero alegan que una vez absorbidos esos incrementos
habrá una desaceleración en el segundo semestre que determinará, siempre a
juicio de los funcionarios, una inflación anual del 28 al 29 por ciento.
Aunque el encuentro tuvo momentos de tensión, los
colaboradores de Macri creen que imperó el pragmatismo de los dirigentes y que
le otorgarán al Ejecutivo el tiempo necesario para imponer su visión de la
política salarial y social. Para convencerlos -además de garantizarles
financiamiento para las obras sociales-, el Presidente y sus colaboradores les
trazaron un sendero de anuncios y medidas con el objetivo de atender las
situaciones más críticas producto de presumibles crisis en el empleo privado.
La primera escala del plan comenzará en mayo, con
la convocatoria anticipada del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Si
bien esa institución se define en una negociación entre empresarios (las
principales cámaras) y sindicalistas (hay representación mayoritaria de la CGT
y minoritaria de CTA) el Ministerio de Trabajo, que encabeza Jorge Triaca,
apuntará a guiarlo hacia una suba anual del 30% en dos etapas: la primera, de
los actuales $ 6.060 a cerca de 7.000 pesos, y la segunda cuota para llevar el
piso a no más de 7.800 pesos.
El salario mínimo tiene un impacto directo sobre
menos de 200 mil trabajadores que no están regidos por Convenios Colectivos de
Trabajo y que perciben ese monto, pero el interés central del Gobierno pasa por
su incidencia sobre otros grupos: el más numeroso es el de asalariados
informales, que alcanzan el 34% del total en el mercado laboral argentino y que
según los funcionarios cuentan con ese piso como referencia. Pero también
influye sobre los trabajadores municipales, muchos de ellos con ingresos
inferiores al mínimo nacional.
Según los planes oficiales, el Consejo cumplirá por
primera vez en una década uno de sus propósitos pendientes: el ajuste del
subsidio por desempleo, que permanece congelado desde hace años en 400 pesos.
Los funcionarios se propusieron en este ítem poner el mayor esfuerzo fiscal y
elevarlo a por lo menos $ 3.000, y brindarle al beneficiario, además, la
posibilidad de percibir la Asignación Universal por Hijo en caso de ser padre
de familia.
De ese modo, el subsidio que en la actualidad
cobran apenas 60 mil personas -muchos desocupados ni siquiera lo tramitan por
lo exiguo del monto- pasaría, según el Ejecutivo, a constituirse como una
política social de contención frente a eventuales cierres de empresas en lo que
resta del año. Una vez elevado el monto del subsidio se lo dejará atado a la
movilidad del salario mínimo.
En el gabinete económico dijeron que el primero en
dar su aval a la nueva política en torno del subsidio por desempleo fue Hugo
Moyano, el mismo que se había encargado de enhebrar un acuerdo con los bloques
opositores del Congreso para impulsar una ley de "emergencia
ocupacional" con la aplicación de una indemnización superior a la legal.
Ayer, de todos modos, el portuario Juan Carlos
Schmid, presente en la cumbre de Olivos y aliado estrecho de Moyano, dijo que
el encuentro con Macri fue "muy poco alentador" y reclamó
"equilibrar con los intereses de los trabajadores". Se trata de la
dinámica habitual de Moyano, de mostrarse componedor y acuerdista en privado y
confrontativo -por sí o a través de sus colaboradores- en público.
El 29 de abril se terminará de conocer el tono del
sindicalismo tradicional hacia los anuncios del Gobierno en el acto que harán
las CGT junto con las dos CTA frente al Monumento al Trabajo.
Fuente: http://www.ambito.com/movil/noticia.asp?id=835333