Los legisladores interrumpirán sus
vacaciones tras la convocatoria del Gobierno nacional a sesiones
extraordinarias y hay varias iniciativas que afectan al Poder
Judicial. Uno por uno, cuáles son los proyectos vinculados a la
Justicia.
Será un verano movido en materia legislativa: el Gobierno
nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 23 de
enero hasta el 28 de febrero.
El decreto 17/2023 – que lleva la firma del presidente Alberto
Fernández y del jefe de Gabinete Juan Manzur- incluye un extenso temario que
contiene el pedido para someter a juicio político a los jueces de la Corte
Suprema de Justicia, como también otras iniciativas vinculadas al sistema
judicial.
Entre las novedades se encuentran los proyectos –con media
sanción del Senado- para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal y
la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura.
De esta forma, el Ejecutivo insistirá con la propuesta de
ampliación de la Corte Suprema, de cinco a quince. "Ni siquiera enviaron
un pliego para llenar la vacante de Elena Highton de Nolasco. ¿Cómo prevén
designar 15 jueces en la Corte Suprema?", comenzaron a cuestionar en los
pasillos del Palacio Legislativo.
Asimismo, buscará el tratamiento de la norma destinada a la
organización del órgano encargado de la selección y sanción
de jueces federales y nacionales. Esta última eleva de 13 a 17 el
número de integrantes del cuerpo y crea cuatro regiones federales en el seno
del organismo.
En este sentido, el Gobierno señaló la necesidad de dar
cumplimiento a la parte resolutiva del fallo “Colegio de Abogados de la Ciudad
de Buenos Aires y otro c/ E.N. -ley 26.080 -dto. 816/99 y otros s/ proceso de
conocimiento”. “En dicho fallo la Corte exhortó al Congreso de la Nación para
que, en un plazo razonable dictara una ley para organizar el citado Consejo
disponiendo que, si ello no sucedía en el plazo de 120 días, el mismo debía
integrarse y funcionar, en sus aspectos institucionales más relevantes,
conforme una ley fenecida. Dicho plazo se encuentra largamente vencido y, hasta
la fecha, el Congreso de la Nación no dio cumplimiento a la medida dispuesta
por el Alto Tribunal, por lo que resulta necesario que ello se realice en el
menor plazo posible”, argumenta el decreto.
También se incluyó el pliego del juez federal Daniel Rafecas
para cubrir el cargo de Procurador General de la Nación. Así el Gobierno
nacional intentará ocupar la vacante que dejó Alejandra Gils
Carbó tras su renuncia en 2017. El procurador fiscal ante la Corte,
Eduardo Casal, quedó interinamente a cargo del Ministerio Público Fiscal.
Los legisladores habían puesto reparos respeto al pliego de
Rafecas cuando se presentó en 2019, y su designación no será un proceso simple,
ya que debe conseguir el acuerdo de dos tercios del Senado para que su
postulación avance y no fracase en el intento, tal como sucedió con el pliego
de la jueza Inés Weinberg de Roca, quien fue propuesta por el expresidente
Mauricio Macri.
Por último, se añadió en el temario el proyecto que modifica el
Capítulo IV –“Disciplina”-, de la ley de Ejecución de la Pena. Con media
sanción de la Cámara alta, el texto fue resultado de una propuesta de
modificación legislativa arribada por consenso con la Defensoría General de la
Nación en el marco del caso “Guillermo Patricio Lynn vs. Argentina” que tramitó
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“En particular, la propuesta legislativa que se somete a
consideración asigna al régimen disciplinario la finalidad de garantizar la
seguridad y la convivencia ordenada y pacífica en los establecimientos
penitenciarios y consagra la obligación de todas las personas privadas de
libertad de observar y acatar las normas de conducta determinadas en la ley y
en los reglamentos respectivos”, señala en sus fundamentos.
Fuente: https://www.diariojudicial.com/nota/94101/noticias/leyes-al-calor-del-verano.html
