El
Consejo de la Magistratura devolvió a comisión una denuncia contra los
jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi por ordenar que se investigue
a médicos y funcionarios que actuaron para garantizar la interrupción legal del
embarazo de una niña víctima de abuso sexual. Además, declaró abstracta otra
investigación por el caso “Olga Díaz”.
El plenario del Consejo de la Magistratura se reunió para tratar docenas de denuncias contra jueces nacionales y federales, entre las que se destacaba una contra Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi por ordenar que se investigue a médicos y funcionarios de la defensa pública que actuaron para garantizar la interrupción legal del embarazo de una niña víctima de abuso sexual.
Vale recordar que ambos como jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal, condenaron a un hombre por el homicidio y abuso. Al fundamentar su voto, el juez Anzoátegui consideró que se debían extraer testimonios de la sentencia y enviarlos para que se investigue si se cometió un homicidio o un “homicidio prenatal” en relación con el procedimiento legal que interrumpió el embarazo.
Anzoátegui se refirió al aborto legal como un “asesinato” y calificó a los profesionales que intervinieron como “sicarios”, también llamó "manual de salvajadas inhumanas" al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación. Rizzi adhirió íntegramente al voto de su colega.
A casi tres años de la presentación, el cuerpo devolvió el
expediente a la Comisión de Disciplina. Ahora, los jueces podrán ser
sancionados con una advertencia, un apercibimiento o una multa de hasta el 30%
de sus haberes, pero no enfrentar un juicio político.
En la reunión también se declaró abstracta un pedido de sanción
-equivalente al 30% de sus haberes- contra la exjueza civil Celia Elsa
Giordanino, por negligencia en el cumplimiento de sus deberes en el conocido
caso "Díaz, Olga del Rosario c/ Palavecino, Luis Rolando s/ denuncia por
violencia familiar”. La denuncia tramitaba en el Consejo desde 2019.
El 24 de marzo de 2017 sufrió un intento de femicidio
por parte de su ex pareja, Luis Rolando Palavecino, quien fue condenado por ese
hecho a la pena de 20 años de prisión. Previo a ello, Díaz había realizado una
denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), luego de lo cual se
inició un proceso judicial civil y otro penal, en el que no se adoptaron
medidas de protección de manera oportuna y efectiva para prevenir el hecho, lo
que movilizó a la peticionaria a denunciar al Estado ante el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas.
Ante el reclamo, el Estado argentino inició un proceso de
diálogo que culminó en un Acuerdo de solución amistosa. Según el dictamen –que
ahora fue archivado, la magistrada Giordanino no observó las normas procesales
vigentes y de la normativa internacional en materia de violencia de género. Sin
embargo, la jueza renunció a su cargo en noviembre pasado.
“Estamos frente a un caso que muestra en toda su dimensión lo
que tenemos que corregir entre todos. Este tipo de episodios se repiten y el
Poder Judicial no protege a una clara víctima”, apuntó el diputado (FdT)
Rodolfo Tailhade.
Fuente: https://www.diariojudicial.com/nota/94873/noticias/jueces-casi-a-salvo.html
